El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión definitiva para efectos de frenar la tala y desmonte de selva realizados en el Tramo 5, de Cancún a Tulum, del megaproyecto Tren Maya, hasta resolver de fondo, el amparo 2878/ 2022, promovido por habitantes en esa región.
El incidente de suspensión señala textualmente que debe “paralizarse” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la tala o el desmonte en los terrenos que comprenden el Tramo 5 Sur y 5 Norte del Tren Maya, “de modo que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno, en las áreas que se encuentren fuera de la superficie en la que se autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Dicha autorización se emitió el pasado 15 de diciembre, conforme al oficio SPARN/ DGGFSOE/ 418/ 1306/ 2022, por el director de Aprovechamiento Forestal, como encargado de despacho de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico.
La obtención de esta nueva suspensión definitiva fue dada a conocer por el colectivo Sélvame del Tren, como una medida que frena “la obra ilegal que afecta el patrimonio de todos los mexicanos”.
Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, el espeleólogo, José Urbina, recordó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –encargados del Tramo 5– desacataron la suspensión provisional, otorgada a mitad de enero pasado por el Juzgado Primero de Distrito.
Originalmente, dicho juzgado se había negado a otorgar la suspensión provisional, pero terminó emitiéndola, luego del recurso de queja –35/ 2023– presentado ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y resuelto a favor de los promotores del amparo.
Urbina explicó que pese a estar vigente esa suspensión, el gobierno federal prosiguió los trabajos de desmonte y tala, lo cual ha sido documentado mediante fotografías y videos, fruto de los recorridos hechos por integrantes de Sélvame del Tren o de otros ciudadanos y jóvenes activistas, de forma autónoma y voluntaria, ante la devastación e ilegalidad de los trabajos.
Vía El Universal