Las autoridades israelíes confiscaron el jueves decenas de piezas arqueológicas en un municipio al noreste de Ramala, Cisjordania, y trasladaron los vestigios a un museo israelí ubicado en territorio ocupado. El operativo, realizado por una comitiva de soldados y representantes civiles, fue justificado como parte de un esfuerzo para “proteger el patrimonio histórico de la región”.
La intervención ocurre en un contexto de creciente tensión por los planes israelíes sobre las antigüedades en Cisjordania. Expertos advierten que Israel impulsa actualmente un proyecto que podría convertirse en la mayor apropiación de tierras arqueológicamente relevantes en su historia.
Confiscación en Burj Lasana
Los hechos tuvieron lugar en una colina de Al-Mazra Al-Sharqiya, cerca de Ramala, donde se ubica el sitio histórico conocido como Burj Lasana, habitado durante unos 2,000 años, desde la Edad de Hierro hasta el periodo de las Cruzadas.
Las autoridades israelíes confirmaron que la operación incluyó la incautación de capiteles, monedas y columnas de piedra, estimadas en alrededor de cinco piezas. Todo el material fue trasladado al Museo del Buen Samaritano, en el este de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.
La Administración Civil, organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania, aseguró que la extracción se realizó debido a que residentes palestinos habrían construido una villa sobre el sitio arqueológico, lo que —afirman— estaba causando daños a los restos, entre ellos una fortaleza cruzada, una iglesia bizantina y un antiguo baño.
Contexto político y acusaciones de anexión
El actual Gobierno israelí, considerado el más derechista en la historia del país, colocó al frente de la Administración Civil a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del movimiento colono, quien ha expresado abiertamente su intención de expandir la soberanía israelí sobre toda la Palestina histórica.
Su administración ha impulsado nuevas medidas para colocar las antigüedades de Cisjordania bajo control de instituciones israelíes, algo que contradice el derecho internacional al tratarse de un territorio ocupado militarmente. Diversas organizaciones ven estas acciones como un paso más hacia la anexión de facto de Cisjordania, ahora mediante la gestión del patrimonio arqueológico.
Precedentes: el caso de Sebastia
La confiscación en Burj Lasana se suma a otras iniciativas recientes. El mes pasado, la Administración Civil anunció su intención de expropiar grandes áreas de Sebastia, un significativo sitio romano en el norte de Cisjordania, asociado a la capital del antiguo reino de Samaria.
La organización israelí Peace Now, que se opone a la ocupación, denunció que el proyecto representaría la mayor apropiación de tierras arqueológicas en la historia de Israel.
“El plan se apropiaría de 180 hectáreas pertenecientes a los pueblos palestinos de Burqa y Sebastia, incluyendo miles de olivos”, señaló la organización, que destacó que los propietarios afectados tuvieron apenas 14 días para presentar alegaciones.
Israel sostiene que el proyecto busca proteger y desarrollar los sitios antiguos. Desde 2023, el Gobierno de Benjamín Netanyahu trabaja en convertir Sebastia en una atracción turística bajo control israelí, lo cual desplazaría a residentes locales y pondría fin al turismo gestionado por la comunidad palestina.
Argumentos oficiales
Representantes de la Unidad Arqueológica israelí reiteraron que su labor se centra en preservar y asegurar los lugares históricos.
“Preservar los lugares antiguos es parte central de nuestra responsabilidad para proteger la historia de la región. Cualquier daño no solo afecta al artefacto, sino a la capacidad de comprender y documentar lo que refleja”, señalaron a medios israelíes.
La confiscación en Burj Lasana refleja una tendencia creciente que mezcla arqueología, política y control territorial, y que continúa alimentando la controversia en una de las regiones más sensibles del conflicto israelo-palestino.
