La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable, sin pruebas, de causar defraudación al Estado por unos mil millones de dólares a través de la adjudicación irregular de 51 obras viales con fondos públicos en la provincia sureña de Santa Cruz.
Con el fallo del Tribunal Oral Federal 2 culmina un juicio que fue reabierto, a pesar de que un proceso previo con los mismos cargos fue cerrado por falta de pruebas y peritaje falso, y confirmó el vaticinio que en diciembre de 2019 hizo la propia Fernández de Kirchner: “la sentencia ya estaba escrita”.
Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, todos ellos trasladados en forma irregular de un juzgado a otro, como miembros del “partido judicial” o como el resto de los intervinientes nombrados de manera ilegal por el ex presidente derechista Mauricio Macri, actuaron como se había previsto.
La dos veces presidenta (2007-2015) advirtió hace unas semanas que no estaba frente a un tribunal, sino ante un “pelotón de fusilamiento”, y en un mensaje que divulgó ayer en sus redes sociales tras conocerse la sentencia dijo que la verdadera condena no es la prisión, sino la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Fernández de Kirchner, de 69 años, anunció que no se postulará a ningún cargo de elección popular al concluir su actual gestión.
Aseveró: “el poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de (la coalición opositora) Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La sentencia real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”.
En su mensaje, pronunciado desde su oficina del Senado, demolió uno por uno los argumentos del tribunal, que además no pudo mantener la acusación de que ella era la jefa de una “asociación ilícita”.
Fernández de Kirchner denunció la existencia de un “Estado paralelo y una mafia judicial”, y añadió que el periodismo es “fundamental en el lawfare” e indicó que “la complicidad de los medios” es necesaria para “fabricar condenas” que no tienen sustento, al aludir al Grupo Clarín.
Sostuvo que cuando era presidenta no tenía “manejo de las leyes que son aprobadas” por el Legislativo y remarcó que “el presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”.
Destacó que Página/12 fue “el único medio” que informó sobre el reciente viaje de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fiscales, jueces y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, además de directivos del diario Clarín, a la provincia sureña de Río Negro.
“¿Qué hacen cuatro jueces federales con funcionarios y ministros del gobierno de la ciudad? Ya era muy horrible, pero faltaban muchas más cosas”, manifestó Fernández de Kirchner, en referencia a la publicación de los chats de este grupo, en especial del juez Julián Ercolini, que fue quien abrió la causa Vialidad, por la que ayer fue condenada.
Vía La Jornada
